“This is the Chrysis of Parliaments; we shall know by this if Parliaments life or die.” [1]
-Sir Benjamin Rudyer
Introducción
Puerto Rico ha llegado a un momento determinante en su historia, cuyo resultado dependerá del diagnóstico de los síntomas, o circunstancias, que la llevaron a este estado y del juicio sobre el curso a tomar. La anterior aseveración es una ejemplificación de la teoría médica de la crisis desarrollada en el Corpus Hippocraticum en la antigua Grecia.[2] Actualmente, Puerto Rico está atravesando una serie de cambios que se entrelazan para dar paso a un estado de crisis (un estado en crisis). Este artículo versa, particularmente, sobre la crisis energética.
La importancia de este tema no estriba tanto en las fehacientes condiciones por las que atraviesa un estado en crisis, sino en la producción de alternativas correctas, que den paso a lo que es justo y saludable.[3] No obstante, para emitir juicio sobre estas, hay que identificar las condiciones que dieron paso a la situación de deterioro del sistema energético en Puerto Rico. En consecuencia, hoy nos encontramos ante una encrucijada, y las decisiones que se tomen con respecto a esta, determinarán el futuro energético de la Isla. En estas circunstancias, la crisis se convierte en oportunidad y en una posibilidad de transición, entre distintos momentos históricos. Por lo tanto, crisis significa tanto una “cadena de eventos que llevan a un decisivo punto culminante en el cual acción es requerida”,[4] como “una fase transitoria históricamente inminente”.[5] Es importante señalar que las crisis pueden ser recurrentes, sin embargo, en las manos de los hacedores de juicio está la responsabilidad de determinar si esta crisis es una crisis perfecta, no sujeta a repetirse, o si es una crisis imperfecta, sujeta a recurrir.[6]
Diagnóstico
En aras de entender la situación actual, con el fin de procurar o ponderar las distintas alternativas al sistema energético de Puerto Rico, es prudente explorar los síntomas del doliente sistema y sus orígenes.
Orígenes de la Autoridad de Energía Eléctrica
Previo a la creación de la Autoridad de Energía Eléctrica en 1979, la generación y distribución de energía estuvo liderada por empresas privadas. El historiador Eugenio Latimer Torres nos relata las palabras de Luis Muñoz Rivera al presenciar el primer sistema de alumbrado eléctrico en Puerto Rico, edificado en Villalba: “[e]ra un espectáculo, en plena[e]n plana campiña, el progreso con sus resplandores más brillantes”.[7] He aquí la equiparación de la generación de energía eléctrica con el progreso de la Isla, equiparación que serviría de consigna impulsadora de la industria eléctrica gubernamental.[8] Luego de las magistrales palabras que hicieron eco de la llegada de la energía eléctrica a la Isla, se determinó que la generación y distribución serían lideradas por concesiones gubernamentales a entidades privadas con muy limitadas extensiones geográficas. De esta manera, nos cuenta Latimer Torres, los municipios pioneros en la creación y sostenimiento de sistemas energéticos fueron: San Juan, Mayagüez, Utuado, Ponce y Arecibo.[9]
Con el propósito de extender la producción de energía eléctrica, oportunamente, el Gobierno de Puerto Rico hizo uso de su sistema de riego, cuyo fin originario era el abastecimiento de fuentes fluviales a áreas fértiles del sur que constantemente sufrían de sequías. En atención a esta política agrícola, en 1908 se aprueba la Ley de Riego, que dio paso a la creación de tres grandes embalses, entre ellos, el embalse de Carite en Guayama. Al finalizar la construcción de este embalse, se utilizó la caída de agua para producir energía.[10] Así, en 1915 se creó la Central Carite, la primera central hidroeléctrica del gobierno de Puerto Rico.[11] Con la llegada de las hidroeléctricas, se creó la Utilización de Fuentes Fluviales (en adelante, “U.F.F.”), organismo gubernamental que iba estar a cargo del desarrollo y administración del sistema hidroeléctrico y el de riego.[12] A través de estos desarrollos la industria energética gubernamental pasaría a ser una centralizada, es decir la producción y distribución de energía estaría liderada por el gobierno estatal, y no por los municipios.
La entrada en escena de la U.F.F. condujo a la expansión agresiva de la producción hidroeléctrica con la construcción de centrales adicionales en Toro Negro y el Lago Garzas.[13] Esta fecha también fue significativa para el área de distribución energética, con líneas de transmisión que conectaron gran parte del área oeste y centro de la Isla. En esta etapa, además, se perciben los encontronazos que tuvo la industria energética gubernamental con la producción energética de entidades privadas.
Como parte de la agresiva expansión de la U.F.F., el organismo recibió oposición de la Porto Rico Railway & Light Co. (en adelante, “P.R.R.L.C.”), respecto al paso de una línea de transmisión de la U.F.F. por el territorio de esta compañía. Dicho pleito llegó hasta el Primer Circuito de la Corte Apelaciones de Estados Unidos, en donde el Primer Circuito decidió a favor del Gobierno de Puerto Rico y en contra de las alegaciones de la P.R.R.L.C., que se fundaban en que la actuación por parte del Gobierno Insular constituía una violación a sus derechos de franquicia.[14] En su argumentación, el Gobierno de Puerto Rico recalcó los altos costos que estaba sosteniendo la municipalidad del Gobierno de la Capital (San Juan) en la iluminación de calles, plazas y avenidas.[15] El efecto que tuvo el pleito fue paralizar la construcción de la línea de transmisión, en detrimento del interés público, exaltado por el Gobierno.
La suerte de la P.R.R.L.C. terminaría en 1942, cuando el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, decretara mediante orden ejecutiva la expropiación de esta compañía y la Mayagüez Light, Power and Ice Company. Junto a P.R.R.L.C., estos eran los dos sistemas energéticos adicionales al de la U.F.F., en manos de particulares.[16]
Autoridad de Fuentes Fluviales
Como parte de la expansión masiva del sistema eléctrico en Puerto Rico, y teniendo en cuenta el constante aumento de consumo de energía, el 2 de mayo de 1941 se pasó la Ley Número 83, la cual creó la Autoridad de Fuentes Fluviales (en adelante, “A.F.F.”).[17] Esta era una corporación pública con mayor libertad, flexibilidad y capacidad de financiamiento. Esto establece un punto de quiebre en la industria gubernamental de energía, en tanto el pasado organismo (U.F.F.) era una agencia adscrita al Departamento de lo Interior, actualmente el Departamento de Transportación y Obras Públicas.[18] La función primordial de este cambio fue la necesidad de obtener financiamiento para continuar la expansión del sistema energético.[19] De esta manera, en la Ley se le dio capacidad a la A.F.F. para emitir bonos y hacer préstamos, los cuales estarían garantizados por sus ingresos.
Como se tenía previsto, la A.F.F. continuó la hazaña de la U.F.F., pero una crisis mundial acentuaría con mayor firmeza sus huellas en el sistema energético de Puerto Rico.[20] Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, los suministros de petróleo sufrieron una merma como consecuencia del conflicto. Esto afectó[O.J.10] grandemente a las compañías privadas las cuales se vieron en la obligación de racionar la electricidad, mas no a la A.F.F., que para aquel tiempo continuaba abasteciéndose mayormente de las centrales hidroeléctricas.[21] Esto, junto a la localización de instalaciones americanas en territorios suministrados energéticamente por corporaciones privadas, suscitó que en 1942 el Presidente expropiara a los dos restantes grandes sistemas de energía eléctrica en manos privadas.[22] De esta manera, la A.F.F. se había convertido, virtualmente, en el único sistema de generación y distribución de energía eléctrica en el país, con la excepción de algunos pequeños sistemas municipales de energía.[23] Sin embargo, la suerte de la A.F.F. se acabó cuando la extensión de su sistema energético abrió paso a la generación de energía eléctrica a través del combustible fósil, pasándose a llamar la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante, “A.E.E.”).[24]
Situación Actual del Sistema de Energía Eléctrica
La creación de una industria energética gubernamental fue al mismo tiempo una bendición y una maldición que repercutiría hasta nuestros días. La superposición de intereses socioeconómicos sobre los puramente económicos ayudaría a la electrificación de la Isla en momentos en que las corporaciones privadas no fueron aptas para la expansión del sistema energético, lo que presentó un logro a la iniciativa gubernamental. Consecuentemente, esta política se iría concretizando a un alto costo que se ve reflejado en el pasaje histórico de la industria energética de Puerto Rico. A cada paso de la expansión surgiría un nuevo reto, lo que fue representativo de la continua evolución de la infraestructura energética. Bajo esta premisa, fueron grandes los avances provenientes de la generación de energía hidroeléctrica (generación que a su vez es fuente de energía renovable), que ayudaría a la expansión del sistema. Dicha expansión acarreó grandes costos, provocando el primero de los grandes cambios en la historia energética con la creación de un ente separado del Gobierno que pudiera emitir una deuda en adición a la ya emitida por este. Esto a su vez facilitó una mayor expansión del sistema con la ayuda de financiamiento federal, lo cual creó una deficiencia de producción energética, que dio paso a la utilización de combustible fósil en la generación de energía, en aras de suplir el aumento de demanda energética. Por lo tanto, por cada paso de expansión, el sistema energético encontraba una piedra en el camino que, vez tras vez, vería su diseño amenazado.
Es en estas condiciones que la AEE obtiene la administración del sistema eléctrico. Un sistema que sufre de sobre-expansión y altos costos de mantenimiento, atado a las condiciones tecnológicas de su momento. No obstante, las condiciones han cambiado, y la entidad pública está en una encrucijada en la que verá su diseño cambiar . Esto es precisamente lo que representa una crisis a la cual estaremos llamados a proveer una respuesta. Sin embargo, el análisis no puede detenerse en la procuración de una respuesta, sino que debe estar acompañado por la búsqueda de una respuesta que es justa y correcta.
Deuda Pública de la Autoridad de Energía Eléctrica
Como se ha venido intimando, la puesta de la industria energética en manos del gobierno representó la inversión en la expansión del sistema eléctrico, que hasta ese momento habían fallado en proveer las entidades privadas en el sector energético. Como aquí se estima, esto representó un logro, pero si esto es así ¿por qué ahora nuestro sistema está en crisis? ¿Qué ocurrió para que nuestro sistema hoy en día no sea confiable y sostenible y para que la corporación que hoy es la única operadora de este sistema esté bajo un proceso de quiebra, por la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras?
El 30 de junio de 2017, la Junta de Supervisión Fiscal adoptó una resolución para insertar la AEE en el proceso de reestructuración del Título III de la ley federal PROMESA,[25] como consecuencia al incumplimiento de la AEE al pago de su deuda de bonos, que para la fecha ascendía a aproximadamente $ 9 billones.[26] Las razones por la cual la Autoridad ha incurrido en esta deuda son varias, y algunas ya se han mencionado. Por un lado, la dependencia en la importación de petróleo de baja calidad[27] ha presentado un problema para el sostenimiento financiero de la corporación pública. Por otro lado, la ineficiencia de sus plantas generatrices, que en gran medida tienen explicación en la politización del sistema energético, han llevado a la AEE han formalizar contratos de cogeneración con otras plantas de generación eléctrica privadas específicamente con EcoEléctrica y AES Puerto Rico, esta última una planta de generación a base de carbón (en Estados Unidos este recurso energético es el responsable de más de un cuarto del total de emisiones de calentamiento global en el mundo).[28] La involucración de la AEE en estas prácticas ha tenido como consecuencia el endeudamiento de esta con las distintas entidades que le proveen petróleo, por un lado, y las que le venden energía generada en sus plantas privadas, por el otro. La deuda con estas entidades representa la mayoría del dinero que adeuda la corporación pública.[29]
A su vez, la sobre-expansión del sistema eléctrico y la politización de la AEE, han dado paso a una actitud de ineficiencia y dejadez en cuanto al mantenimiento de las líneas de transmisión de la Isla. La mejor prueba de esto es la debacle del sistema energético luego del paso del Huracán María. Luego de este fenómeno atmosférico, el mayor problema que presentó el sistema energético de la Isla, y por el cual muchos de sus abonados (es decir, residentes de Puerto Rico) estuvieron más de diez meses[30] sin energía, fue la falta de modernización y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución energética.[31]
Además de reconocer la problemática económica detrás de la crisis energética, la pregunta que habría que hacerse es ¿qué alternativas tenemos al sistema actual energético? La contestación a este cuestionamiento podría parecer, en primera instancia, pesimista, sin embargo, es todo lo contrario. Es una oportunidad que nos presenta la crisis actual para dejar atrás prácticas que al sol de hoy han llevado a nuestro sistema energético a uno en banca rota, insostenible, poco fidedigno, y carente de una política climática . No obstante hay que hacerse la pregunta por lo económico, debido a que todo proceso de formulación de respuestas debe tener en cuenta que el actual proveedor de energía tiene cuentas por pagar, por lo que hoy está en un proceso de quiebra, que afectaría la capacidad de la AEE de llevar a cabo una verdadera renovación del sistema energético.
En la encrucijada por un nuevo sistema
La búsqueda de la posibilidad de encontrar la respuesta a la crisis energética ha comenzado, y el hecho de que sean varias las posibles contestaciones no hace menos difícil la solución al problema. A lo largo de la crisis energética, complementada por la crisis económica general por la que atraviesa el país, ha sido amplio el espectro de posibilidades que se han discutido, algunas de las cuales han encontrado su expresión en ley. La privatización, la cuasi-privatización, con la introducción de la alianzas público-privadas, la creación de cooperativas energéticas, la sustitución de petróleo por gas natural, así como la reformulación total de la generación de energía eléctrica a base de energía renovable han surgido como posibles contestaciones a la crisis energética.[32] El debate entre estas posibles soluciones se basa en cuál de ellas es la correcta, redundando en el mayor beneficio, al tomar en consideración las condiciones actuales del sistema energético y las condiciones económicas. No podemos olvidar que, si bien la búsqueda de una solución correcta representa un reto, el mayor reto sigue siendo la deuda pública por la cual atraviesa el país.
Privatización
Los reclamos a favor de la privatización de la A.E.E. en los pasados años se hicieron realidad con la aprobación de la .[33] Sin embargo, hay que aclarar que si bien la ley contempla la privatización de activos de la A.E.E., lo hace principalmente por medio de la otorgación de contratos de alianzas público-privadas. Bajo estos contratos las entidades privadas estarían a cargo de la administración de activos, tanto de generación como de transmisión, que la A.E.E., en conjunto con el Gobierno, decidan disponer .[34] No obstante, la A.E.E. estaría autorizada a vender únicamente sus activos de generación, cediendo el completo dominio de las facilidades que la AEE y el Gobierno decidan vender.[35] Con esta medida, el Gobierno pretende aliviar la intervención de la A.E.E. en un sistema energético costeado por el pueblo, lo cual elimina la necesidad de que un particular levante por sí mismo un sistema energético desde el suelo.
Los éxitos de esta política dependerán de varios factores. Primero, se servirá de la disponibilidad que tengan los particulares de invertir sumas significativas en un sistema que ha deteriorado con el tiempo. Segundo, y atado a inversiones de particulares, estas intervenciones conllevarán gastos que las empresas privadas tendrían que asumir al contratar con el estado, por lo que, es de gran importancia la eficacia de un ente regulador que controle los precios a ser pagados por los abonados, y que, de igual manera, pueda regular el precio de venta de energía al detal, esto es la compra de energía producida en las plantas generatrices, para después ser distribuida por la AEE o por otra entidad privada.[36] Es pertinente señalar que con el paso de la Ley de Transformación y Alivio Energético[37] se creó la Comisión de Energía, este es un ente fiscalizador e independiente que se aseguraría la cabal ejecución e implementación de la política pública energética.[38] Sin embargo, con el paso de la Ley de Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico, se puso a la Comisión de Energía (ahora denominada Negociado de Energía), bajo la sombrilla de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico. Tras esta reorganización administrativa, se ha cuestionado la independencia de este ente regulador, y en última instancia su efectividad.[39]
No olvidemos que, como se discutió anteriormente, uno de los primeros encontronazos que tuvo la industria eléctrica gubernamental con la entidades privadas, fue por la intención de la U.F.F. de conectar el área de San Juan a su sistema, con la idea de aliviar los costos energéticos que la ciudad estaba experimentado. Por último, será necesario el otorgamiento de contratos de alianzas público-privadas agresivos que exijan la mejor calidad de energía posible. Un ejemplo de estas políticas agresivas se puede encontrar en el sistema de alianzas público-privadas de Uruguay, que exigen un mínimo de placas solares en las plantas de producción, un precio fijo de la venta de energía a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (el equivalente a la A.E.E.), y la asunción de costos relacionados a la conexión a la red y la expansión de la misma. [40]
Cooperativas Energéticas (descentralización energética)
Las Cooperativas Energéticas han tenido gran impacto desde su inserción en el 1937, con la creación de la Electric Cooperative Corporation Act diseñada por la Administración de Electricidad Rural.[41] Como parte de las políticas del Nuevo Trato de Roosevelt, estas Cooperativas se organizaron mayormente en áreas rurales donde las bajas devoluciones no justificaban los altos costos de inversión.[42] En el caso de Puerto Rico, el propósito que las impulsa en respuesta a la crisis, es la descentralización del sistema energético, pues distinto a los Estados Unidos, la producción y distribución de energía es provista por el mercado, en contraposición al monopolio que caracteriza a las Cooperativas. Por lo tanto, en Puerto Rico vendrían siendo pequeñas corporaciones sin fines de lucro (es decir, pequeñas A.E.E., en manos de particulares) que alivien la intervención del Gobierno en la producción y distribución de la energía. Como cualquier otra empresa que sostenga un sistema energético, las Cooperativas están sujetas a los mismos peligros asociados al costo de generación, como por ejemplo, el precio de combustibles.[43] Sin embargo, una política que limita los parámetros de generación podría imponer la generación de energía renovable sobre las mismas. Recientemente se aprobó en el Senado de Puerto Rico, el Proyecto del Senado 984, que dispone para la creación de Cooperativas Eléctricas. Si bien esto es un avance para lograr la descentralización del sistema energético a manos de entidades sin fines de lucro, el proyecto no exige la generación de energía renovable.
La historia de la A.E.E. nos ha plasmado las razones por la cual nuestro sistema energético se encuentra en la crisis actual. A su vez, nos ha demostrado que el sistema energético en Puerto Rico no siempre ha sido controlado por un monopolio público , por lo cual no es sorprendente que hayan reclamos por volver a prácticas anteriores a la industria energética gubernamental centralizada. Como consecuencia, ante un interesante rechazo a un sistema energéticos en manos del gobierno estatal, el alcalde de Orocovis, José Colón Berlingeri, habló de adquirir la planta hidroeléctrica de Toro Negro. Esto, a nombre de su municipio Orocovis, como a nombre de Villalba, Ciales, y Morovis, con el fin de crear una micro red municipal que provea electricidad a estos pueblos.[44] Atado a esto está la intención de la legislatura de descentralizar el sistema energético, como se puede apreciar con el paso de la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico.
Gas Natural
Todo apunta a que entre los cambios que el Gobierno visualiza está la sustitución de la producción de electricidad a partir de fuentes de petróleo por gas natural. Si bien el cambio a gas natural, teóricamente, constituiría avances en términos de costos de combustible en términos ambientales, estos avances serian ínfimos, poniendo en riesgo la recurrencia de una crisis que exacerbaría con estas medidas. Es un hecho que el costo del gas natural es una alternativa distinta en tanto el precio es inferior al del petróleo. En cambio, en lo que sí es igual al petróleo, es que esta alternativa conlleva los mismos riesgos de precio, que han venido afectando el sistema energético con la utilización del petróleo. Por otro lado, el alcance de la efectividad de la alternativa de gas natural depende grandemente de condiciones políticas que hasta ahora el Gobierno de Puerto Rico ha fallado en implantar.[45] Los pronósticos de las bajas en los precios del consumidor aparentan estar sustentados en procuración de la exención de transportación del gas de las leyes de cabotaje. Precisamente esta fue la movida del Gobierno de Puerto Rico, aunque desafortunadamente, sus esfuerzos no rindieron frutos.[46] Cabe aclarar que el Gobierno se ha pronunciado en referencia al gas natural como una medida temporal, más los costos asociados con la inversión de un cambio a gas, en adición a la expectativa de devoluciones sobre la inversión, que de igual manera afectan la posibilidad de reducir el precio del consumidor, ponen en duda la temporalidad del gas natural.
Energía Renovable
Desde el año 2010, la energía renovable ha estado presente en los pronunciamientos de política pública como parte de las alternativas propuestas por el Gobierno.[47] Ahora bien, esta sugerencia ha sido tímida. El Gobierno, a través de sus distintos instrumentos legislativos, no ha logrado establecer una política pública clara y agresiva conducente a la generación de energía renovable. En cambio, los movimientos políticos nos han dado el indicio de la alternativa principal es la transformación de petróleo a gas natural.
Como ya mencionamos, el gobierno ha sopesado la alternativa de las Cooperativas Energéticas, sin embargo, su consideración en el proyecto del senado es más una invitación que no limita el medio de generación a energía renovable, ni tan siquiera impone un mínimo de generación proveniente de esta modalidad.[48] De igual forma, la antes mencionada , no exige la utilización de un mínimo de generación de energía renovable.[49] En referencia a esta ley, aún subsiste la posibilidad de que, en el marco regulatorio próximo a aprobarse, se exija la generación de energía renovable.[50]
Por otra parte, es meritorio examinar los pronunciamientos del Plan de Recursos Integrados de 2015 de la A.E.E., que estimó la disminución y atraso de los porcientos de producción de energía renovable para un 15% para el 2035, en contraste con lo expuesto en La Cartera de Energía Renovable (RPS por sus siglas en ingles), que preveía una meta de 20% para el 2035.[51] A todas luces, la política dirigida a la utilización de gas natural socava la política de energía renovable. Sin embargo, no es tarde para alterar este rumbo y establecer metas que estén acorde con el mejor sistema energético.
Conclusión
Nuestro futuro energético, y por consiguiente el futuro de Puerto Rico, dependerán de la contestación final a la interrogante que el pasado, y la crisis actual, nos han planteado. Un breve trasfondo histórico nos ha provisto con las herramientas para determinar tanto las causas de la crisis como algunas de las posibles soluciones a la misma. El pasado energético nos ha demostrado que la política pública de una estructura centralizada ha puesto en jaque la facultad que tenemos de mantener un sistema eficiente, económico, y sostenible. También, nos ha mostrado que esta no siempre esta fue la situación del país, y que, si bien las necesidades de la época nos obligaron a crear un sistema centralizado en aras de proveer una conexión eléctrica completa de la Isla, hubo otras maneras de generación eléctrica que esbozaban la utilización de energía renovable y la distribución energética. Atando el pasado con el presente, y considerando los avances tecnológicos en la industria de las energías renovables, nos encontramos ante una oportunidad real de reordenar el sistema energético del país a uno basado en energía renovable. Queda en nuestras manos poner estas posibilidades en función. Por más que las circunstancias presentes sean acuciantes y se interponga en nuestro camino la deuda pública, tanto del Gobierno de Puerto Rico como el de la AEE, nuestro norte debe ser siempre la obtención de un sistema que no sufra de las mismas debilidades del pasado, y que en su lugar exalte valores socio-económicos, como el acceso a la energía, el cambio climática y la sostenibilidad, sobre los intereses puramente económicos.
[1] The Philological Society, A New English Dictionary On Historical Principles 1178 (James A. H. Murray et al. eds. 1893).
[2] Reinhart Koselleck & Michaela W. Ritches, Crisis, 67 J. Hist. Ideas 357, 360 (2006).
[3] Id. en la pág. 359.
[4] Id. en la pág. 371.
[5] Id. en la pág. 372.
[6] Id. en la pág. 360.
[7] Eugenio Latimer Torres, La Autoridad de Energía Eléctrica y los sistemas de alumbrado en Puerto Rico (apuntes históricos) 5 (1983)
[8] Id. en la pág. 10.
[9] Id. en las págs. 6-8.
[10]Latimer, supra en la nota 8. Id. en la pág. 10
[11] Id.
[12] Id.
[13] Id. en la pág. 11.
[14] El Tribunal determinó que el contrato de franquicias no garantiza derechos propietarios, y que el que estaba en cuestión, no expresaba que la compañía estaría libre de competencias. Además, el Tribunal señalo, que cualquier duda en el contrato de franquicias se iba interpretar a favor del interés público. Porto Rico Ry., Light & Power Co. v. Colom, 106 F.2d 345 (1939).
[15] Id. en la pág. 350.
[16] Latimer Torres, supra nota 7, en la pág. 15
[17] Historia, https://www.aeepr.com/Aeees/historia.asp
[18] Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 194 (según enmendada).
[19] Breve reseña histórica de la UTIER, http://www.utier.org/estructuras/historia.php (última visita 29 de septiembre de 2018).
[20] En el año 1935 se crea la Administración de Electrificación Rural, agencia del Gobierno de los Estados Unidos que ayudo a financiar la expansión de la electrificación rural. The Rural Electrification Act of 1936, 7 U.S.C. ch. 31 § 901 et seq.
[21] Latimer Torres, supra nota 7, en las págs. 14-15.
[22] Id. en la pág. 15.
[23] Cayey y Culebras operaban sus propios sistemas eléctricos. En junio de 198 y octubre de 1976, respectivamente, ambos sistemas pasaron a manos de la Autoridad. Id. en las págs. 17-18.
[24] En 1979 se enmendó la Ley, cambiando el nombre a la Autoridad de Energía Eléctrica. Explico el Gobierno que el cambio de nombre se debió al porciento de generación que se producía con petróleo. En 1979 era de un 97 porciento. Id. en la pág. 20
[25] Laura Quintero, Se aprueba quiebra para la AEE, El Vocero (1 de julio de 2017), https://www.elvocero.com/gobierno/se-aprueba-quiebra-para-la-aee/article_734bd50c-5e13-11e7-ad83-1742badc91dc.html.
[26] Mary Williams Walsh, Puerto Rico’s Power Authority effectively files for bankruptcy, The New York Times (2 de julio de 2017), https://www.nytimes.com/2017/07/02/business/puerto-ricos-electric-power-authority-effectively-files-for-bankruptcy.html.
[27] Se desatiende el problema de la compra de combustible en la AEE, El Nuevo Día (19 de julio de 2018), https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/sedesatiendeelproblemadelacompradecombustibleenlaaee-2436237/ ( donde se comenta el informe de la IEAAF, que indica que se ha adquirido principalmente petroleo de baja calidad a muy altos precios).
[28] All about coal: Coal’s impacts include air an dwater pollution, worker deaths, and climate change, Union of Concerned Scientists, https://www.ucsusa.org/clean-energy/coal-impacts#.W84C-C2ZP-Y (última visita 22 de Octubre de 2018).
[29] Ricardo Cortés Chico, La AEE le debe $187 millones a varios suplidores, El Nuevo Día 27 de diciembre de 2017), https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/laaeeledebe187millonesavariossuplidores-2385333/.
[30] La AEE alega que le restableció el servicio al 99.9% de sus abonados, El Nuevo Día (3 de julio de 2018), https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/laaeealegaquelerestablecioelservicioal999desusabonados-2432514/.
[31] José A. Delgado Robles, Gobierno federal publica informe sobre la red eléctrica de Puerto Rico, El Nuevo Día (21 de junio de 2018), https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/gobiernofederalpublicainformesobrelaredelectricadepuertorico-2429999/.
Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico, Ley Núm. 120 de 20 de junio de 2018, (donde se establece el marco jurídico para vender los activos de generación y para hacer contratos de alianza publico privada con los activos de generación, transmisión y distribución); P. del S. 984 de 17 de mayo de 2018, 3ra Ses. Ord., 18va Asam. Leg. (donde se propone viabilizar la introducción de cooperativas energéticas en el marco jurídico cooperativista); Gerardo E. Alvarado León, La Autoridad de Energía Eléctrica busca reducir su dependencia al petróleo, El Nuevo Día (12 de agosto de 2018), https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/laautoridaddeenergiaelectricabuscareducirsudependenciaalpetroleo-2440747/ (donde se discute las distintas alternativas de generación que la AEE ha explorado, incluyendo el gas natural); Queremos Sol: Sostenible, local y limpio (2018) (donde se propone 100% de energía renovable para el 2050).
[33] Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico, Ley Núm. 120 de 20 de junio de 2018,
[34] Id. sección 5 (favor poner en LPRA, XX LPRA § XXXX)
[35] Id.
[36] Luego de la aprobación de la Ley 120 para Transformar el Sistema Eléctrico de 20 de junio de 2018 Puerto Rico, las prerrogativas de la Comisión de Energía (ahora, Negociado de Energía) se han visto sustancialmente disminuidas.
[37] Ley de Transformación y ALIVIO Energético, Ley Núm. 57 de 27 de mayo de 2014, 22 LPRA § 1051 (2009 & Supl. 2016).
[38] 22 LPRA § 1054b.
La fiscalización energética abona a la credibilidad, El Nuevo Día (15 de agosto de 2018), https://www.elnuevodia.com/opinion/editoriales/lafiscalizacionenergeticaabonaalacredibilidad-editorial-2441316/.
[40] Private generation of photovoltaic energy (Auctions and Feed-in Tariffs), International Energy Agency, https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/uruguay/name-46858-en.php (21 de abril de 2018), https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/uruguay/name-46858-en.php (última visita 29 de septiembre de 2018).
[41] Rural Electric, University of Wisconsin Center for Cooperatives, http://reic.uwcc.wisc.edu/electric/ (última visita 29 de septiembre de 2018).
[42] Id.
[43] Desde los 1970s las Cooperativas Eléctricas han experimentado problemas de recursos energéticos. A consecuencia del embargo de petróleo de 1973, varias Cooperativas se vieron en la necesidad de construir plantas nucleares. La ocurrencia de accidentes nucleares, acompañada de movimientos en contra de la energía nuclear produjo el cierre de muchas de estas plantas, incluso algunas parcialmente construidas, lo que a su vez suscito el que varias de estas Cooperativas presentaran acciones de quiebra. Id.
[44] Leysa Caro González, Entidades proponen los parámetros para la venta de la AEE, El Nuevo Día (30 de agosto de 2018), https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/pidenbuscarbarcosexentosparaelgasnatural-2448247.
[45] El 17 de septiembre de 2018 la industria marítima de los Estados Unidos logro frenar una resolución, propuesta por la Junta de Energía de los Estados del Sur, para reclamar una exención de la ley de cabotajes al transporte del gas por un periodo de 10 años. José A. Delgado, Piden buscar barcos exentos para el gas natural, El Nuevo Día (20 de septiembre de 2018), https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/pidenbuscarbarcosexentosparaelgasnatural-2448247/.
[46] Caro González, supra nota 32. Id.
[47] Véase Ley de Política Publica de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico, Ley Núm. 82 de 19 de julio de 2010, 13 LPRA §§ 10421-10445.
[48] Véase P. del S. 984 de 17 de mayo de 2018, 3era3ra Ses. Ord., 18va Asam. Leg.
[49] Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico, Ley Núm. 120 de 20 de junio de 2018, http://www.oslpr.org/2017-2020/leyes/pdf/ley-120-20-Jun-2018.pdf.
[50] La Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico dispone que: “[t]odo contrato relacionado con una Transacción de la AEE deberá contener una cláusula de cumplimiento total con la política pública energética y el marco regulatorio, excepto las que queden excluidas por esta Ley o expresamente sean avaladas por la Asamblea Legislativa”. Id.
[51] Siemens Industry, Integrated Resource Plan Volume I: Supply Portfolios and Futures Analysis, Draft for the Review of the Puerto Rico Energy Commission, 6.1.6. (17 de agosto de 2015), https://www2.aeepr.com/Documentos/Ley57/PREPA%20IRP%20Volume%20I%20–%20Draft%20for%20PREC%20review.PDF.